La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha interpuesto una acción legal contra la directora encargada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, en su calidad de Secretaria Ejecutiva de los Consejos y Comités del Gobierno. La acción se produce después de que el segundo Consejo de Ministros, presidido por el presidente Gustavo Petro, fuera transmitido en vivo por televisión, lo que Cabal considera una violación de la Ley 63 de 1923.
A través de su cuenta en X, Cabal expresó su desacuerdo con la transmisión y aseguró que esta contraviene lo estipulado en el artículo 9 de la mencionada ley, que establece que las sesiones del Consejo de Ministros deben ser absolutamente reservadas. «Como se los anuncié, interpuse acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de Presidencia por violar la Ley 63 de 1923, que es clara en establecer que las sesiones de Consejo de Ministros son absolutamente reservadas», afirmó la senadora.
Cabal subrayó que la transmisión no solo violó la ley, sino que también podría poner en riesgo la seguridad nacional al permitir que información sensible se filtrara a actores externos. La senadora recordó que el propósito de la Ley 63 de 1923 es garantizar la privacidad y libertad en la deliberación de temas estratégicos y de seguridad.
En el comunicado publicado en sus redes sociales, Cabal resaltó: «Esto no es una dictadura y Petro no puede hacer lo que le venga en gana con sus ‘alocuciones’ interminables». Concluyó su mensaje asegurando que «ni Petro ni sus funcionarios están por encima de la Constitución y la Ley».
El presidente Gustavo Petro, por su parte, dirigió el Consejo de Ministros el lunes 3 de marzo, el cual fue transmitido en vivo por televisión nacional. En esta sesión participaron varios miembros del gabinete, como los ministros de Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, entre otros. En la reunión se discutieron temas clave, como el plan de acción para el Catatumbo, una región golpeada por enfrentamientos armados, donde se acordó la erradicación de 25.000 hectáreas de coca.
Este hecho marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el gobierno de Petro y los sectores de la oposición, que continúan cuestionando diversas decisiones del presidente. La discusión sobre la transparencia de las sesiones del Consejo de Ministros promete seguir siendo un tema de debate en los próximos días.
