El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que emprenderá acciones legales contra la resolución del Ministerio de Ambiente que busca proteger la Sabana de Bogotá. Según el mandatario, esta medida afectaría más de 15 proyectos estratégicos, vulneraría la autonomía de la ciudad y pondría en riesgo el abastecimiento de agua para más de 600.000 …
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Alcalde Galán rechaza resolución ambiental del Gobierno y anuncia acciones legales

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que emprenderá acciones legales contra la resolución del Ministerio de Ambiente que busca proteger la Sabana de Bogotá. Según el mandatario, esta medida afectaría más de 15 proyectos estratégicos, vulneraría la autonomía de la ciudad y pondría en riesgo el abastecimiento de agua para más de 600.000 personas.
Galán anuncia medidas
Galán argumentó, que la resolución carece de justificación técnica y que el Gobierno Nacional no ha presentado pruebas suficientes para restringir la intervención en estos ecosistemas. Entre las medidas que tomará la Alcaldía está la solicitud formal de eliminación del documento y la apertura de mesas de diálogo con comunidades y gobiernos locales.
Los proyectos afectados incluyen la ALO Norte, el Metro de Bogotá, la ampliación de la Autopista Norte, el puente Bogotá-Soacha, el corredor de la Séptima y la renovación del Aeropuerto El Dorado. Además, la restricción impediría intervenciones en los embalses de Chuza y San Rafael, fundamentales para el suministro de agua, lo que podría generar una crisis hídrica.
La exalcaldesa Claudia López respaldó la postura de Galán, calificando la resolución como una imposición ilegal que frena el desarrollo de la ciudad. Por su parte, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió la medida, asegurando que la Sabana de Bogotá ha sido reconocida como un ecosistema de interés nacional desde 1993 y que su protección es clave para la sostenibilidad hídrica.
Galán también advirtió que la medida afectaría a 172.000 familias que viven en zonas declaradas como humedales y pondría en riesgo a más de 120.000 viviendas en construcción. Además, 115.000 niños, 26.000 adultos mayores y 20.000 micronegocios podrían verse perjudicados. El alcalde insistió en que la resolución compromete la autonomía de Bogotá y obstaculiza su planificación a largo plazo.
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