La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución del cargo e inhabilidad por nueve años contra Gloria Cecilia Cabrales Solano, quien se desempeñó como gerente y representante legal de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. hasta noviembre de 2023, cuando salió en medio de la controversia.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento 1° determinó que Cabrales Solano incurrió en irregularidades contractuales al suscribir convenios interadministrativos con asociaciones de municipios sin cumplir los requisitos legales exigidos en la Ley 489 de 1998. Además, se evidenció que muchas de las asociaciones contratadas no contaban con la capacidad jurídica para ejecutar directamente las obras pactadas.
Contratación cuestionada
Bajo esta modalidad de contratación directa, Cabrales autorizó la ejecución de obras de acueducto en zonas como Los Garzones y Loma Grande, en Montería, así como en San Pelayo y Tierralta, entre otros municipios. Sin embargo, la Procuraduría señaló que la Ley 136 de 1994 establece que las asociaciones de municipios pueden planificar y organizar obras, pero no ejecutarlas directamente, salvo que acrediten capacidad financiera, operativa y técnica, y participen en un proceso de selección competitivo.
Por estos hechos, el Ministerio Público calificó su conducta como culpa gravísima por desconocer normas elementales que debían regir su actuación, ratificando la sanción impuesta en primera instancia por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Córdoba.
Administración de Gloria Cabrales bajo la lupa
La sanción contra Cabrales Solano se suma a una larga lista de críticas sobre su gestión durante más de 15 años al frente del Plan Departamental de Aguas, ahora Aguas de Córdoba. Su administración fue cuestionada por el manejo de proyectos de gran inversión, como los acueductos Regional del San Jorge y Costanero, que, pese a los recursos destinados, aún no prestan servicio a la comunidad.
A pesar de haber agotado todos los recursos jurídicos para mantenerse en el cargo tras ser notificada de su salida, ninguna de sus acciones prosperó. Ahora, con la ratificación de la Procuraduría, Cabrales queda inhabilitada para ejercer funciones públicas por los próximos nueve años.
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