En nuestra Colombia, nos hemos acostumbrado a escuchar, con mucha frecuencia y en los últimos tiempos, discursos vacíos que no expresan ideas ni transmiten ningún objetivo auténtico ni concreto. Ya está bueno de tanto bla, bla, bla, de tanta oratoria carente de sentido auténtico y veracidad, mientras el país naufraga bajo el tsunami de la inseguridad.
Es tanto el maremágnum y la falta de sensatez en el manejo de la seguridad ciudadana y del país, que desde el mismo poder central, radicado históricamente en la ciudad de Bogotá, se enredan en debates interminables y se lanzan discursos vacuos, mientras que en los territorios seguimos contando los muertos, seguimos enterrando sueños, seguimos viendo cómo nuestras comunidades son extorsionadas, reclutadas y desplazadas por la fuerza del crimen. Hoy Colombia tiene más de 22.000 integrantes activos en grupos armados ilegales. Es una cifra alarmante. Son miles de criminales que operan impunemente, que desafían al Estado, que siembran el miedo y que están convencidos de que pueden seguir delinquiendo sin consecuencias.
El Clan del Golfo, con más de 5.000 integrantes; el ELN, con 6.158; las disidencias de las FARC, con casi 4.000 hombres en armas; la Nueva Marquetalia, con 1.751; y más de 5.000 delincuentes en bandas criminales tienen en jaque la seguridad del país. No se trata de una percepción. Es una realidad que golpea a diario a campesinos, empresarios, transportadores, comerciantes y niños. Es una amenaza viva que nos reta como nación.
Cada uno de estos grupos está dedicado a lo mismo: secuestrar, extorsionar, reclutar menores, traficar drogas y asesinar. Son estructuras mafiosas que han encontrado un terreno fértil para expandirse y fortalecerse. La falta de autoridad y la permisividad han sido el mejor aliado del crimen. La falta de oportunidades del Estado abre espacios para los fusiles. Cuando no hay inversión, llegan ellos con amenazas. Por eso, hoy más que nunca, el país necesita liderazgo, carácter y acciones concretas.
Desde Propósito Colombia, junto a la ciudadanía y la Fuerza Pública, estamos actuando. Nuestro compromiso es claro: construir soluciones desde los territorios, con conocimiento, con planificación, con resultados medibles. No estamos para improvisar. Estamos para proponer.
Los modelos de seguridad que implementamos como alcaldes en nuestras regiones nos demostraron que sí se puede. Que cuando se articula la tecnología, la inteligencia, la acción comunitaria y la voluntad política, se le pueden dar golpes certeros al crimen. Pero esto requiere una política de Estado, no de gobierno. Una visión integral que no solo ataque el delito, sino que prevenga sus causas.
No podemos resignarnos a vivir con miedo. No podemos permitir que nuestros niños crezcan viendo al crimen como opción de vida. No podemos seguir normalizando que en algunas regiones del país mande más un grupo armado que el alcalde o el gobernador. Colombia tiene derecho a vivir en paz, y esa paz se construye con justicia, con legalidad y con decisión.
Nuestro llamado es a la acción. A dejar atrás los discursos vacíos y a pasar al terreno de las soluciones reales. Escuchemos a la gente. Trabajemos con los líderes comunitarios. Fortalezcamos a la Fuerza Pública. Invirtamos en educación, empleo y oportunidades. Derrotemos al crimen con presencia, con inteligencia y con convicción.
Colombia no está condenada al miedo. Colombia puede cambiar. Hoy más que nunca, debemos levantar la cabeza, unirnos como nación y enfrentar esta amenaza con todo lo que somos, porque los delincuentes no pueden tener más poder que los ciudadanos. La esperanza es más fuerte que el miedo, y juntos podremos recuperar la tranquilidad de Colombia.
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