Supremo de EE. UU. autoriza deportaciones sumarias de venezolanos bajo ley de 1798

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el lunes 7 de abril un bloqueo judicial que impedía al gobierno de Donald Trump deportar sumariamente a ciudadanos venezolanos bajo la ley de Enemigos Extranjeros, legislación de 1798 que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial.

Con una ajustada votación de cinco votos a favor y cuatro en contra, el máximo tribunal del país levantó la orden que el juez James Boasberg había impuesto el pasado 15 de marzo y que una corte federal de apelaciones mantenía vigente.

La Administración Trump había solicitado la intervención urgente del Supremo, alegando que se trataba de una cuestión de seguridad nacional demasiado crítica para ser manejada por tribunales de menor instancia. El gobierno argumentó que la Constitución otorga clara autoridad al presidente en asuntos de seguridad nacional.

En su dictamen, el Tribunal Supremo estableció que los migrantes detenidos y con órdenes de expulsión tienen derecho a ser notificados y a impugnar su deportación dentro de “un tiempo razonable”. Además, determinó que, al estar los migrantes confinados en Texas, las disputas legales sobre su deportación deben resolverse en esa jurisdicción y no en el Distrito de Columbia.

El presidente Trump ha justificado estas medidas extraordinarias acusando a la banda transnacional Tren de Aragua de infiltrarse en el gobierno de Nicolás Maduro y representar una amenaza para Estados Unidos. Por esto invocó el 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros sin proceso judicial previo.

A pesar del bloqueo inicial del juez Boasberg, el mismo día de la orden judicial, tres aviones gubernamentales despegaron desde Texas con aproximadamente 200 venezolanos que posteriormente fueron entregados a las autoridades salvadoreñas e ingresados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

La decisión del Supremo representa un importante respaldo a la controvertida política migratoria de la administración Trump, quien ha endurecido su postura frente a la inmigración, especialmente con ciudadanos venezolanos, desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

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