La UNP vulneró el debido proceso de los accionantes al no informar el porcentaje específico de riesgo asignado, impidiendo así que pudieran controvertir dicha evaluación.
La Corte Constitucional determinó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe abstenerse de retirar esquemas de seguridad basándose únicamente en que los solicitantes ya no pertenecen al Programa de Protección Especializada, estableciendo un precedente crucial para la protección de personas en riesgo.
El fallo de la Sala Quinta de Revisión surge del caso de dos firmantes del Acuerdo de Paz, Josué y Joanna, presidente y secretaria de la Asociación Rosaria, quienes interpusieron una tutela después de que la UNP calificara su nivel de riesgo como “ordinario”, a pesar de haber recibido amenazas directas y ser declarados objetivos militares por grupos armados ilegales.
Según el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez, la UNP vulneró el debido proceso de los accionantes al no informar el porcentaje específico de riesgo asignado, impidiendo así que pudieran controvertir dicha evaluación. Además, la entidad no consideró adecuadamente el contexto territorial de las amenazas ni la condición de firmantes de paz de los solicitantes.
La sentencia T-107 de 2025 ordenó a la UNP realizar un nuevo estudio para los accionantes, considerando su condición de firmantes del Acuerdo y la presunción de riesgo extraordinario establecida para esta población. La Corte destacó que la entidad debe verificar si una persona está sometida a riesgo extraordinario independientemente de su participación en programas especiales.
Esta decisión se enmarca en el seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional declarado en 2022 mediante la Sentencia SU-020, que evidenció el incumplimiento de las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo Final de Paz.
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