Defensa de Andrés Calle solicita a la Corte Suprema que enfrente proceso en libertad

La defensa del representante Andrés Calle presentó una solicitud formal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que le permita defenderse en libertad de las acusaciones relacionadas con el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El congresista Andrés Calle Agua está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

La investigación se relaciona con irregularidades en la adjudicación de contratos de la UNGRD, en las que se le acusa de haber recibido pagos en efectivo del exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla Álvarez, como contraprestación por impulsar reformas en el Congreso y facilitar campañas electorales.

Los abogados defensores fundamentaron su petición en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece el carácter excepcional de la privación de libertad, argumentando que existen medidas alternativas que podrían aplicarse en este caso sin necesidad de una detención preventiva.

La solicitud hace referencia a los cuatro principios establecidos por la Sentencia C-342 de 2017: estricta legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y gradualidad, señalando que estos criterios no se estarían cumpliendo al mantener al congresista privado de su libertad durante el proceso.

El escrito de la defensa también cita la reciente jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, particularmente la Sentencia SP1289-2021, que subraya que las medidas de aseguramiento no pueden utilizarse como mecanismo punitivo anticipado sino que tienen una función estrictamente preventiva.

Calle, quien enfrenta estas graves acusaciones por su presunta participación en irregularidades contractuales dentro de la UNGRD, ha manifestado a través de sus abogados que está dispuesto a comparecer ante la justicia y cumplir con cualquier requerimiento judicial, sin necesidad de permanecer detenido.

La Fiscalía, por su parte, mantiene que existe un riesgo de obstaculización de la justicia y posible fuga, dado el alcance de las acusaciones y las conexiones políticas del representante.

La decisión que tome la Sala de Instrucción sobre esta solicitud podría sentar un precedente para otros funcionarios públicos involucrados en el mismo caso de corrupción, considerado uno de los más graves en los últimos años por los montos de recursos públicos comprometidos y el nivel de los funcionarios implicados.

Se espera que la Corte Suprema de Justicia emita un pronunciamiento en los próximos días, evaluando si las medidas no privativas de la libertad son suficientes para garantizar los fines del proceso penal en este caso particular.

Descargar en PDF