La corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue generando repercusiones en el ámbito político. La más reciente novedad involucra al representante a la Cámara, Andrés Calle, quien solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia continuar su proceso judicial en libertad, mientras avanza la investigación por su presunta participación en el entramado de desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias por desastres naturales.
El escándalo, que ya ha dejado funcionarios condenados, como el exsubdirector Sneyder Pinilla, ha revelado una compleja red de sobornos, contratos irregulares y financiación ilícita de campañas políticas. Según testimonios de Pinilla y del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el congresista Calle habría recibido mil millones de pesos a cambio de respaldar las reformas del Gobierno en el Congreso.
No obstante, la defensa del parlamentario, liderada por el abogado Billie Torres, niega rotundamente los señalamientos. En un documento radicado ante la sala de instrucción del alto tribunal, Torres sostiene que no existen motivos suficientes para imponer una medida de aseguramiento contra su cliente, argumentando que Andrés Calle no ha interferido con las pruebas, no representa un riesgo de fuga y ha estado plenamente disponible para colaborar con la justicia.
El abogado también puso en duda la veracidad y consistencia de los testimonios de López y Pinilla, calificándolos como contradictorios y sin respaldo probatorio sólido. Incluso, señaló que otros actores clave en el caso, como el contratista de los carrotanques Eduardo López Rosero y el presunto financiador Pedro Acosta, han negado cualquier vínculo del congresista con los hechos investigados.
Además, la defensa advierte sobre la posible existencia de intereses ocultos tras las acusaciones, insinuando que podría tratarse de una estrategia para desviar la atención de otros implicados o para proteger a figuras de mayor poder.
Entretanto, Sneyder Pinilla, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, fue condenado a casi seis años de prisión por su rol en la red de corrupción, a cambio de entregar información que ha servido como base en varios procesos judiciales en curso.
La Corte Suprema de Justicia deberá determinar en los próximos días si acoge la petición del congresista Calle o si, por el contrario, impone una medida restrictiva mientras continúa el curso de la investigación.
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