En el marco de la discusión sobre la financiación de la consulta popular promovida por el Gobierno, es fundamental entender los aspectos legales que rigen este proceso. La Ley 1757 de 2015, que establece mecanismos de participación ciudadana, no aborda específicamente la financiación de las campañas por el ‘sí’ o el ‘no’. Sin embargo, la Sentencia C-150 de 2015 aclara que el Gobierno puede destinar recursos del presupuesto nacional para la promoción de la consulta, con un límite establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de aproximadamente 6.200 millones de pesos.
Aunque el Gobierno tiene acceso a fondos públicos, la ley impone restricciones para garantizar la equidad en las campañas. Por ejemplo, se prohíbe a los funcionarios públicos hacer campaña en horario laboral o utilizar bienes del Estado para fines proselitistas. Además, la promoción solo puede realizarse en medios de comunicación públicos, excluyendo a los privados.
Estas restricciones buscan evitar posibles abusos de poder, en los que el Gobierno podría tener una ventaja significativa sobre los otros grupos que promuevan la consulta. Según el exregistrador Nicolás Farfán, es importante que no exista un desbalance entre los recursos públicos disponibles para el Gobierno y la financiación privada que otros grupos puedan reunir.
Los comités promotores del ‘sí’ o del ‘no’ pueden ser conformados por diversos actores sociales y tienen acceso a los medios estatales para promover sus propuestas. Sin embargo, la financiación de sus campañas debe provenir de fuentes privadas o donaciones, garantizando así un campo de competencia más equilibrado y evitando el uso de recursos públicos para este fin.
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