Fiscalía atribuye responsabilidad de los crímenes a exjefes paramilitares y agentes estatales.
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La investigación de la Fiscalía General de la Nación concluyó que Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Adriano Sánchez Comas, alias ‘Don Joaco’, excomandantes de las AUC, son los responsables de varios crímenes ocurridos en la Universidad del Magdalena, incluido el homicidio del decano de la Facultad de Educación, Roque Morelli, asesinado en septiembre de 2002.
Un documento oficial emitido por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos revela que los asesinatos tuvieron motivación ideológica, basada en supuestas conexiones con grupos de izquierda. La resolución excluye específicamente cualquier vinculación de Carlos Caicedo, quien era rector de la institución cuando ocurrieron los homicidios.
Tras conocer la decisión, Caicedo manifestó en sus redes sociales: “La verdad sigue abriéndose paso. Siempre fui inocente. Durante más de 20 años enfrenté amenazas contra mi vida por parte de paramilitares, sus aliados políticos y sectores empresariales que, disfrazados, usan la política. Hoy, la Fiscalía confirma nuevamente lo que siempre denuncié: agentes del Estado y el paramilitarismo son responsables de los crímenes en la Universidad del Magdalena”.
El expediente judicial recoge diversos testimonios rendidos ante Justicia y Paz por exintegrantes de grupos paramilitares en el Magdalena. Entre ellos sobresale la declaración de Willinton Mora Buenhaber, quien operó bajo las órdenes directas de ‘Jorge 40’ en las Autodefensas de Magdalena y Guajira desde 1998.
El testigo declaró que “ese hecho fue ordenado por José Gregorio Rojas y esa información venía de Hernán Giraldo, era una lista entregada por Walter Torres a José Gregorio Rojas; éste le mostró la lista y le dijo que había que darle muerte a Roque Morelli, a Edwin Riaño y otro que no recuerda”.
La acusación formal contra Tovar Pupo se fundamenta en su posición jerárquica como comandante de los hermanos Adán y José Rojas. Estos últimos identificaron a Adriano Sánchez Comas como la persona que determinó el asesinato del académico.
Las evidencias recolectadas por la Fiscalía incluyen documentos que indican que “la lista fue suministrada por las fuerzas” militares mediante el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Este pronunciamiento judicial abarca varios homicidios investigados en el contexto universitario. El documento confirma la culpabilidad de estructuras paramilitares y elementos estatales en los crímenes, mientras ratifica la inocencia de Caicedo en relación con todos los asesinatos ocurridos durante su gestión como rector.
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