Ante la crisis de salud pública en la que se ha convertido el basurero a cielo abierto en la que se han convertido las calles de diferentes municipios del departamento de Córdoba, la comunidad exige que los mandatarios defiendan los intereses de los usuarios.
Múltiples son las quejas que vienen aumentando debido a los retrasos en la recolección de los desechos de las calles por parte de las empresas Seacor y Coraseo, sin embargo, pocos son los Alcaldes que sí han salido a defender los intereses de los usuarios.
Uno de ellos es el Alcalde de Cereté, Said Bitar quien literalmente se ha ‘dado la pela’ para exigirle a estas empresas que cumplan con la recolección de las basuras.
Perfecto, aquí tienes una versión más contundente, con un enfoque periodístico y crítico que incluye la hipótesis de una posible estrategia coordinada entre SEACOR y CORASEO:
¿Sabotaje institucional?
En un oficio enérgico dirigido a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (radicado E-815), la administración municipal lanza una advertencia clara: las fallas reiteradas en la prestación del servicio por parte de CORASEO S.A. E.S.P. no son hechos aislados ni simples errores operativos.
A juicio de la opinión pública local, todo apunta a una posible estrategia orquestada entre las empresas CORASEO y SEACOR para generar caos en el sistema de recolección de residuos, afectando la imagen de las alcaldías y debilitando la credibilidad de sus gestiones.
Esta hipótesis cobra fuerza ante la reiterada ineficiencia del servicio, el aumento unilateral de costos operativos sin autorización municipal, y la falta de acciones correctivas a pesar de múltiples advertencias oficiales.
Ya el 17 de marzo de 2025, mediante el oficio No. 2025-0122-SPIEXT, la Alcaldía había exigido mejoras inmediatas. Sin embargo, no solo no hubo respuesta efectiva, sino que las irregularidades se intensificaron, generando múltiples quejas ciudadanas y poniendo en riesgo la salud pública y la salubridad del municipio.
El alcalde también denunció que el municipio ha tenido que cubrir con recursos propios los subsidios que deberían ser asumidos por la empresa, lo que ha generado un grave impacto en las finanzas públicas. Ante esta situación, se ha exigido a CORASEO la entrega inmediata de los informes de gestión para evitar pagos por servicios no prestados o prestados de forma deficiente.
Además, la administración informó que se está estructurando un nuevo proceso de contratación para actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR), buscando alternativas reales para resolver una crisis que amenaza con salirse de control.
¿Ajá y la Superintendencia qué?
La solicitud al Gobierno Nacional y a la Superintendencia es clara: acompañamiento urgente, investigación a fondo y, de ser necesario, sanciones ejemplares. Porque lo que ocurre en Cereté podría estar ocurriendo en otros municipios: una aparente jugada empresarial para sabotear la gestión pública desde la prestación de los servicios esenciales.
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