El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia que generó gran revuelo en el Congreso: si el Senado no inicia pronto el debate sobre la consulta popular que su gobierno presentará el 1 de mayo, convocará directamente por decreto. La declaración fue hecha durante un consejo de ministros y ha encendido las alarmas sobre una posible ruptura del orden institucional.
Nuevas declarciones de Petro
Desde la oposición, senadores como Paloma Valencia (Centro Democrático) calificaron la postura del mandatario como inconstitucional. Argumentan que si el Congreso rechaza explícitamente la propuesta, el presidente no puede actuar por fuera de la ley. Valencia advirtió que el Ejecutivo no puede desobedecer al Legislativo sin vulnerar el equilibrio de poderes.
Miguel Uribe, también del Centro Democrático, rechazó la consulta por considerarla un gasto innecesario. Acusó al gobierno de no estar enfocado en resolver los problemas laborales, sino en usarlos como excusa para avanzar en una agenda personal y política. A su juicio, el uso de la consulta tiene fines electoralistas más que reformistas.
Incluso desde sectores independientes hubo críticas. El senador Jonatan Pulido (Alianza Verde) señaló que esta iniciativa es en realidad una “campaña politiquera” disfrazada, impulsada por el interés del gobierno de posicionarse de cara a futuros comicios. Aseguró que lo dicho por Armando Benedetti en las regiones es prueba de un intento de “mini reelección”.
Desde el oficialismo, María José Pizarro defendió la medida al asegurar que la Constitución respalda al presidente si el Congreso dilata el debate sin justificación. Según Pizarro, la consulta busca recoger el sentir del pueblo y no puede ser bloqueada por la inacción legislativa. El pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo se intensifica, con la democracia en el centro del debate.
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