Por: Erasmo Zuleta Bechara
“Si no se puede medir, no se puede cambiar”, decía el célebre profesor de negocios Peter Drucker. Y el caso de la descentralización en Colombia no es la excepción. A pesar de la descentralización planteada en la Constitución del 91 y en las leyes que la implementaron, hoy, 34 años después, tenemos las mediciones suficientes para afirmar con contundencia que la descentralización necesita una transformación urgente.
La evidencia que soporta la urgencia del cambio es abundante. Basta con revisar la diferencia existente entre departamentos de la incidencia de la pobreza y su evolución para reconocer que se requiere una transformación real en los territorios. Por ejemplo, mientras en el año 2002 la incidencia de la pobreza monetaria en el departamento del Chocó fue de 67,6 % y la de Bogotá fue de 31,8 %, para el año 2023 la pobreza en Chocó fue de 67,7 % y en Bogotá fue de 23,7 %. Aunque en algunos departamentos la incidencia de la pobreza haya disminuido, la diferencia territorial es tan dramática que, si queremos mantener la estabilidad económica, social y política, es urgente un cambio que procure por un país más equitativo y con igualdad de oportunidades de desarrollo para todos.
Un panorama similar ocurre si se analiza el comportamiento del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso y que da como resultado que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. No es un resultado para sentirnos orgullosos. Es ya un cambio a gritos el que exige la sociedad en los territorios, y agradecería que importantes exministros de Estado que se oponen a la reforma piensen en el país y en su integridad antes de mantener un statu quo de desigualdad perpetua.
Con este objetivo transformador de la descentralización, hoy se encuentra vigente el Acto Legislativo 3 de 2024, que modificó el monto de los recursos a transferir a los territorios del Sistema General de Participaciones (SGP), al pasar estos de un 26,8 % de los ingresos corrientes de la Nación en 2025 a un 39,5 % en el término de 12 años a partir de la reglamentación del acto legislativo.
El Centro de Valor Público de la Universidad EAFIT evaluó bajo diferentes escenarios el impacto que puede traer esta modificación en el SGP, y los resultados son prometedores. En primer lugar, mientras el crecimiento del PIB de Colombia se estimaría fuese en promedio un 3,05 % en el periodo de 12 años sin modificación del SGP, con la modificación propuesta el PIB crecería un 3,15 %, mientras que la tasa de desempleo sin modificación sería en promedio de un 9,2 % y con modificación sería de un 8,9 %. Esto, sumado a los mayores ingresos territoriales y autonomía local que se materializaría.
Mi invitación al Congreso de la República y a la ciudadanía es a apoyar la reglamentación del Acto Legislativo 3 de 2024 a través del proyecto de ley próximo a radicar. Es hora de cambiar la realidad de los territorios y de evaluar los resultados obtenidos con el sistema de transferencias del SGP actual y reconocer que un cambio es urgente por el bienestar de la ciudadanía y la paz e integridad de todo el territorio nacional. Al fin y al cabo, lo que se busca es que parte de los recursos que se pagan en las regiones, o por las actividades que se desarrollan en las regiones, regresen para ser invertidos.
Ya tenemos las mediciones suficientes para promover cambios, como decía Drucker.
*Gobernador del Departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND)
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