Según el militar, los llamados «barequeros», mineros artesanales tradicionales de la región, son las principales víctimas de esta dinámica criminal.
La minería ilegal se ha convertido en el principal detonante de violencia en la región del Bajo Cauca, donde grupos armados al margen de la ley obligan a los pobladores locales a trabajar en operaciones extractivas bajo su control. Según el comandante de la Brigada XI, brigadier general Eduardo Arias Rojas, esta actividad no solo representa la principal fuente de financiación de estos grupos, sino que también es el origen de las órdenes para asesinatos de agentes de seguridad.
“De las acciones en el Bajo Cauca, el detonante sigue siendo la minería ilegal y de allí es donde se imparten las órdenes para las muertes de los agentes”, afirmó un alto mando militar durante una eucaristía en honor a los uniformados caídos dentro del “Plan Pistola”.
Según el militar, los llamados “barequeros”, mineros artesanales tradicionales de la región, son las principales víctimas de esta dinámica criminal. Estos trabajadores están siendo sistemáticamente coaccionados para extraer minerales en yacimientos controlados ilegalmente por organizaciones armadas. “Están constriñendo a la población civil, a esos barequeros y los están obligando precisamente a trabajar en sus minas o donde ellos tienen precisamente un control ilegal del territorio”, explicó la fuente oficial.
Esta situación se agrava por la presencia simultánea de múltiples actores armados que se disputan el dominio de estos recursos. En el Bajo Cauca operan actualmente el ELN, las disidencias de las FARC y otras estructuras criminales, todas interesadas en apropiarse de las ganancias generadas por la extracción ilícita de minerales.
El comandante de la Brigada XI confirmó que la estrategia para enfrentar esta problemática está centrada en atacar las economías ilícitas que sostienen a estos grupos.
Como parte de esta estrategia, se han realizado operaciones militares, incluyendo bombardeos en el sector de Cáceres y en el nordeste antioqueño, que según las fuerzas de seguridad “han sido efectivos”, aunque reconocen que los resultados de estas acciones no han sido ampliamente difundidos ante la opinión pública.
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