La única barrera pendiente para concretar la extradición es una solicitud de asilo que Marín Buitrago presentó en diciembre de 2024, la cual debe resolverse antes de proceder con su entrega.
La justicia portuguesa denegó la apelación presentada por Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, allanando el camino para su extradición a Colombia donde enfrentará cargos por liderar una red de contrabando que habría sobornado a funcionarios públicos con 900.000 millones de pesos.
El Tribunal Supremo de Justicia de Lisboa determinó que se cumplen “todos los requisitos previstos por la ley” para autorizar la entrega del conocido contrabandista a las autoridades colombianas.
La corte portuguesa confirmó que la solicitud colombiana está ajustada a los compromisos de extradición que vinculan a Portugal.
La única barrera pendiente para concretar la extradición es una solicitud de asilo que Marín Buitrago presentó en diciembre de 2024, la cual debe resolverse antes de proceder con su entrega.
Las autoridades colombianas señalan a ‘Papá Pitufo’ como jefe de una organización criminal que controlaba hasta el 80% del contrabando que ingresaba al país. La investigación revela que entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, su red sobornó a exoficiales y mandos activos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), además de funcionarios de la DIAN.
La organización operaba principalmente a través de los puertos de Buenaventura y Cartagena, introduciendo ilegalmente cigarrillos, bebidas alcohólicas, textiles, cerámicas y calzado. Estas mercancías se distribuían posteriormente hacia diferentes zonas de Colombia, Venezuela y Ecuador.
La Fiscalía estableció que el grupo criminal implementó “nóminas mensuales” para sobornar sistemáticamente a funcionarios encargados de controles aduaneros. Además del dinero, ofrecían automóviles, equipos telefónicos para comunicaciones clandestinas y pagaban gastos de alojamiento.
Durante la investigación se documentaron 21 reuniones entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, 13 de ellas destinadas a entregar comisiones ilegales a agentes encubiertos de la Policía Nacional. Videos y audios registraron los acuerdos pactados para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando.
Los operativos contra la organización permitieron incautar armas y 93 millones de pesos en efectivo. El caso ha generado amplia controversia, salpicando a altos funcionarios estatales y oficiales retirados de la Policía.
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