En julio de 2023, el río Cauca fue acreditado como víctima por los miles de cadáveres arrojados a sus aguas
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó al río Magdalena como víctima del conflicto armado en Colombia, reconociéndolo además como sujeto de derechos. El anuncio fue hecho este viernes tras una solicitud presentada por diversas organizaciones sociales, entre ellas la Unión Sindical Obrera (USO) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
El alto tribunal explicó que esta determinación se tomó con base en los graves impactos sufridos por el río a lo largo del conflicto, que incluyen desapariciones forzadas, contaminación por hidrocarburos debido a atentados contra infraestructura petrolera, y fumigaciones con glifosato. A esto se suman alteraciones en su cauce natural, vertimientos tóxicos derivados de la minería ilegal de oro y carbón, y un daño profundo al tejido social de las comunidades ribereñas.
Las comunidades que habitan la cuenca del Magdalena han testificado ante la JEP que durante años el río fue utilizado por grupos armados ilegales como medio para hacer desaparecer a sus víctimas. Esta práctica dejó secuelas no solo ambientales sino también sociales y psicológicas en los habitantes de la región, que vieron cómo el afluente se convirtió en un símbolo del horror.
La acreditación del río Magdalena se da en el marco del Subcaso Magdalena Medio, una línea de investigación que examina los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares, así como por otros actores del conflicto en esa zona del país.
“La acreditación del río Magdalena como víctima y sujeto de derechos tiene un profundo valor simbólico y restaurativo”, señaló la JEP en su comunicado, subrayando que esta decisión permite avanzar hacia la reparación, la protección del entorno natural y la garantía de no repetición.
Este es el segundo reconocimiento de este tipo hecho por la JEP. En julio de 2023, el río Cauca fue acreditado como víctima por los miles de cadáveres arrojados a sus aguas durante el conflicto, en una muestra de cómo la justicia transicional colombiana busca integrar el componente ambiental y comunitario en su proceso de reparación.
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