Una grave denuncia sacude la administración municipal de San Antero. El Ministerio de Trabajo formuló pliego de cargos contra la bolsa de empleo Impulsar T.H. S.A.S., que operaba en entidades públicas como la Alcaldía en cabeza de Dennys Chica Fuentes, el CAMU Iris López Durán y la Casa del Adulto Mayor, por incurrir en presuntas violaciones sistemáticas a los derechos laborales de decenas de trabajadores.
El escándalo toma fuerza al conocerse que la bolsa de empleo estaría vinculada al actual alcalde Dennys Chica Fuentes y a un presunto testaferro, identificado como Over Amin. Las acusaciones incluyen retrasos de hasta siete meses en el pago de salarios, ausencia de contratos formales, falta de afiliación a seguridad social y el no reconocimiento de prestaciones laborales.
Quienes prestaban servicios en estas entidades —entre ellos personal administrativo, de salud y de apoyo social— trabajaban en condiciones precarias, muchos por temor a perder su única fuente de ingreso. “Nos hacían sentir invisibles. Cumplíamos nuestras funciones sin garantías mínimas y sin voz”, relata una de las afectadas bajo reserva de identidad.
La situación llegó a conocimiento del Ministerio tras múltiples denuncias, lo que motivó la visita de una comisión liderada por la directora territorial de Trabajo. Durante la inspección, se evidenciaron irregularidades graves en los procesos de contratación y manejo de personal, lo que dio lugar a la apertura formal del proceso administrativo contra Impulsar T.H. S.A.S.
Tras conocerse el auto, también salieron a la luz denuncias de presuntas represalias contra quienes se atrevieron a hablar. Según testimonios obtenidos por Chica Noticias, funcionarios de la Alcaldía habrían llamado a identificar a los denunciantes, para luego excluirlos de sus empleos.
Ahora, la Procuraduría y la Contraloría investigan al alcalde Dennys Chica por su posible responsabilidad solidaria, ya que las presuntas irregularidades ocurrieron dentro de su administración y con recursos públicos.
El caso reabre el debate sobre el uso de bolsas de empleo como figura para evadir responsabilidades laborales, lo que ha sido ampliamente cuestionado por organismos de control. Las víctimas claman por justicia y por una respuesta contundente del Estado frente a lo que consideran una forma encubierta de explotación laboral.
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