La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa de seguridad VIPERS Ltda., tras evidenciar serias infracciones a la normativa que regula la actividad del sector en Colombia.
La medida, expedida mediante la Resolución No. 2025210009237CS del 14 de mayo de 2025, afecta las operaciones de la compañía en varias ciudades del país, incluyendo Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín, Montería y Sincelejo.
Según el informe, VIPERS Ltda. contaba con una autorización para el uso de 610 armas de fuego (535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas), además de 51 vehículos de operación (entre motos, camionetas y camperos). Su equipo humano estaba compuesto por 2.911 personas, entre vigilantes, escoltas y supervisores.
Graves incumplimientos
Durante la actuación administrativa, la Supervigilancia documentó múltiples irregularidades, entre ellas:
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Ejercicio de funciones propias de la Fuerza Pública, lo cual representa una extralimitación en sus competencias legales.
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Prestación del servicio con personal no acreditado ni registrado oficialmente.
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Uso indebido de uniformes y emblemas por personas no autorizadas.
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Operación de drones y equipos tecnológicos sin permisos habilitantes.
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Presencia de armamento en sedes no autorizadas y falta de actualización en el sistema RENOVA.
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Deficiencias graves en la custodia, trazabilidad y almacenamiento de armas.
Procedimiento legal y próximos pasos
Una vez quede en firme la decisión, el representante legal de la empresa deberá gestionar ante el Departamento de Control de Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) el reintegro y cancelación de las autorizaciones expedidas. Asimismo, tendrá que adoptar medidas correctivas frente a las irregularidades detectadas.
La resolución se encuentra dentro del término legal para interposición de recursos, en el marco del debido proceso y el derecho a la defensa contemplado en la Ley 1437 de 2011.
La Superintendencia reiteró su compromiso con la legalidad, el control riguroso del sector y la protección de la seguridad ciudadana, advirtiendo que continuará fortaleciendo los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre las empresas de vigilancia privada del país.
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