El próximo lunes 26 de mayo se llevará a cabo una audiencia crucial en el proceso judicial por el asesinato del reconocido ganadero cordobés Esteban Rafael Urueta González y sus trabajadores Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado. La diligencia, programada en el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún, evaluará la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de los presuntos responsables: Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés.
Este triple homicidio, ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en la vereda La Carolina del municipio de Chimá, conmocionó a la comunidad ganadera de Córdoba. Según las investigaciones, el móvil del crimen estaría relacionado con disputas internas por la pérdida de ganado en las fincas administradas por Petro, quien mantenía una relación laboral cercana con Urueta.
Tras el crimen, Petro y Soto se entregaron a las autoridades y confesaron su participación, incluso indicando la ubicación de los cuerpos. Sin embargo, debido a fallas en el procedimiento judicial, fueron liberados por falta de una orden de captura emitida a tiempo. Posteriormente, fueron recapturados en Cartagena gracias a un operativo que incluyó el uso de drones y el análisis de más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.
A pesar de las acusaciones formales por homicidio agravado, porte ilegal de armas, hurto agravado y ocultamiento de material probatorio, los acusados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
La posibilidad de que los presuntos asesinos queden en libertad ha generado indignación entre los familiares de las víctimas y la comunidad ganadera. Katherine Saez, cuñada de Esteban Urueta, publicó un video en redes sociales donde pide la difusión del video y clama justicia para que los presuntos asesinos no queden en libertad.
Fredy Beleño Santos, hijo de uno de los trabajadores asesinados, expresó su preocupación por la seguridad de su familia y la comunidad mientras los responsables estén libres.
La audiencia del lunes será determinante para el curso del proceso judicial. La comunidad espera que se haga justicia y que los responsables del crimen enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
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