Lo que para decenas de familias vulnerables en Montería representa una esperanza de vida digna, hoy se ve amenazado por una orden que podría truncar sus sueños. La construcción del barrio Villa Petro, aún en desarrollo, enfrenta una posible suspensión tras una orden emitida por un inspector de Policía, respaldada por un concepto ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). Esta situación ha generado gran preocupación entre las familias que han encontrado en este lugar una oportunidad para rehacer sus vidas.
Villa Petro ha sido levantado con el esfuerzo de madres cabeza de hogar, trabajadores informales, desplazados por la violencia y familias sin acceso a vivienda formal, quienes han construido con sus propias manos un nuevo comienzo. “Aquí no solo hay casas en obra, hay sueños en construcción”, expresó Ana Lucía Pérez, vocera de la comunidad.
La llegada del abogado Javier De La Hoz, reconocido defensor de causas sociales y ambientales, marcó un giro significativo en la situación. Con más de 25 años de experiencia y formación como Magister en Derecho Ambiental y Ordenamiento Territorial, De La Hoz asumió la defensa legal de la comunidad, denunciando un posible abuso de poder y una aplicación arbitraria de la norma por parte de las autoridades.
“Esto no es solo una disputa jurídica, es una causa humana”, señaló el abogado desde Montería. También criticó duramente a la CVS, a la que calificó como “politizada” y desconectada de la realidad social de estas familias.
Desde su firma De La Hoz Attorneys, y en alianza con la firma internacional Auren Colombia, el abogado lidera un equipo de expertos que ya se encuentra en Montería recogiendo pruebas, dialogando con las autoridades y preparando una defensa integral. “Villa Petro representa un símbolo de resistencia y dignidad. No vamos a permitir que se borre con una resolución administrativa”, enfatizó.
Entre tanto, la comunidad ha hecho un llamado a los entes de control y a la ciudadanía monteriana para que se solidaricen con su causa y velen por la protección de sus derechos fundamentales, en especial, el derecho a la vivienda digna.
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