Gobierno detalla nueva ley pensional en Colombia

Durante una sesión del Consejo de Ministros celebrada el 3 de junio de 2025, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, expuso los alcances de la Ley Pensional 2381, aprobada en 2024 y sancionada por el presidente Gustavo Petro. La normativa establece un nuevo sistema basado en cuatro pilares —Solidario, Semicontributivo, Contributivo y de Ahorro Voluntario
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Durante una sesión del Consejo de Ministros celebrada el 3 de junio de 2025, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, expuso los alcances de la Ley Pensional 2381, aprobada en 2024 y sancionada por el presidente Gustavo Petro. La normativa establece un nuevo sistema basado en cuatro pilares —Solidario, Semicontributivo, Contributivo y de Ahorro Voluntario Complementario— con el objetivo de transformar el sistema pensional colombiano en un modelo de protección social universal. El Gobierno plantea así pasar de una lógica de ahorro individual a un enfoque de derecho garantizado por el Estado.

Según Sanguino, la reforma representa un cambio estructural con impacto proyectado en más de 13 millones de personas para el año 2052. En su primer año de aplicación, la cobertura pasaría del 24 % al 57 %, y se espera que alcance un 87 % en las próximas décadas. Entre los elementos destacados está el enfoque diferencial y de género, ausente en legislaciones previas. El presidente Petro complementó la presentación con el anuncio de la liberación de recursos públicos para garantizar un ingreso básico a tres millones de adultos mayores sin pensión, a quienes calificó como víctimas de una “grave injusticia social”.

El diagnóstico presentado por el Gobierno resalta las falencias del sistema anterior, en el que los fondos privados lograban pensionar a una minoría frente a los millones de afiliados. Solo el 6 % de sus recursos, indicó el ministro, eran reinvertidos en la economía nacional. En contraste, el nuevo modelo propone que Colpensiones asuma un rol central, y plantea una ampliación sin precedentes en la cobertura pensional. La ley, que aún debe ser revisada por la Corte Constitucional, forma parte del programa de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo, con una visión centrada en garantizar una vejez digna a toda la población.

  


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