La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios respondió oficialmente a las denuncias viralizadas por Daneidy Barrera “Epa Colombia”, sobre condiciones alimentarias en la cárcel El Buen Pastor, contradiciendo las versiones difundidas en redes sociales.
Según el comunicado oficial del 5 de junio, USPEC asegura que “el suministro de alimentos se ha mantenido de manera continua y conforme al Contrato 193-2025”, garantizando la entrega de abarrotes, proteínas y productos según especificaciones contractuales desde el 16 de mayo.
La entidad negó categóricamente la suspensión del servicio alimentario y refutó las afirmaciones sobre “días sin comer”, señalando que estas declaraciones “no corresponden a la realidad verificada por los organismos de supervisión”.
Sobre la presencia de ratas, denunciada por las reclusas, USPEC reconoció una situación puntual detectada el 24 de mayo debido a factores ambientales como lluvias y desbordamiento del Caño Negro. Sin embargo, informó que se tomaron medidas inmediatas incluyendo contratación de empresa especializada en control de plagas y coordinación con el área ambiental.
El documento también reveló que, aunque se presentaron renuncias de personal el 4 de junio por motivos personales, las vacantes fueron reemplazadas el mismo día como parte del plan de contingencia, manteniendo las condiciones de higiene mediante jornadas diarias de limpieza y desinfección.
No obstante, y como respuesta a las denuncias, el Inpec convocará mesas de trabajo con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General para abordar estas problemáticas estructurales.
Mientras tanto, el impacto económico se extiende al negocio familiar. Samanta reveló que las ventas de la empresa de keratinas han disminuido significativamente durante la reclusión de Barrera, quien era el motor comercial de la compañía.
La familia continúa gestionando un acuerdo que permita la liberación de la influencer, quien permanece separada de su hija Daphne Samara mientras cumple condena por daños a infraestructura de TransMilenio.
