La contratación pública en Colombia es uno de los nervios más sensibles de nuestra democracia y un factor determinante para el desarrollo social y económico del país. Según el informe Transparencia por Colombia (2023), cerca del 15% del presupuesto público se pierde anualmente debido a la corrupción, lo que equivale a más de 50 billones de pesos que deberían estar destinados a sectores prioritarios como la salud, la educación y la
innovación.
Esta cifra representa un enorme desafío, pero también una oportunidad para transformar la contratación estatal en un motor de confianza, desarrollo y bienestar para todos los colombianos. La educación digital pública es uno de los campos donde esta transformación tiene un impacto directo en la vida de las personas. Cada
computador que llega a una escuela rural, cada docente que se capacita en herramientas digitales, cada estudiante que aprende a usar tecnología para resolver problemas es el resultado de procesos administrativos,
técnicos y financieros que requieren no solo rigor, sino una profunda responsabilidad ética.
Contratar bien no significa únicamente cumplir con los requisitos legales. Según el Informe de Gestión Pública 2023 de la Contraloría General de la República, los procesos de contratación que incorporan criterios de
pluralidad, transparencia y competencia abierta reducen en un 30% los riesgos de sobrecostos y favoritismos. Garantizar pluralidad implica que los procesos sean abiertos y competitivos, permitiendo que los mejores
operadores, proveedores y aliados puedan aportar soluciones de calidad. Además, gestionar con visión estratégica optimizar cada peso invertido para maximizar el impacto social.
La contratación pública debe ser una herramienta para cerrar brechas sociales y territoriales, no para abrirlas. En educación digital, esto es particularmente urgente. Según el DANE, en 2023 el 40% de los municipios
rurales aún presentan brechas significativas en acceso a internet y tecnologías digitales. La tecnología puede ser una palanca poderosa para democratizar el acceso al conocimiento, pero para que esto ocurra, es indispensable que los procesos de compra, licitación y ejecución sean impecables, evitando sobrecostos, favoritismos y malas prácticas.
Un modelo de contratación orientado al bien común fortalece no solo las instituciones, sino también el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Según encuestas de confianza ciudadana, solo el 28% de los colombianos
confía en las instituciones públicas, una cifra que puede mejorar significativamente con procesos transparentes y resultados verificables. Cada proceso exitoso es una oportunidad para demostrar que lo público
puede ser sinónimo de calidad, transparencia e innovación, sentando las bases para reconstruir la confianza, un recurso invisible pero fundamental para el desarrollo sostenible.
La ética pública no es solo una obligación moral, es una estrategia inteligente. Estudios del Banco Mundial muestran que países con altos estándares éticos en la gestión pública tienen un crecimiento económico
sostenido y una mayor cohesión social. Cuando los recursos se gestionan con cuidado, los procesos son claros y los resultados verificables, se fortalece el tejido social y se multiplica el impacto de las políticas públicas.
En un país que sueña con ser digital, equitativo e innovador, hacer bien las cosas no es opcional, es el único camino posible.
Hoy más que nunca, Colombia necesita creer en lo público. Se requieren líderes, servidores y ciudadanos que entiendan que la contratación estatal no es un trámite burocrático, sino una herramienta poderosa para construir futuro. Si logramos consolidar un modelo basado en pluralidad, calidad y ética, estaremos mucho más cerca de un país donde las oportunidades digitales sean una realidad para todos, y no un privilegio de
unos pocos.
Por: Felipe Antonio Olaya Arias
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