Transportadores advierten que la medida amenaza la movilidad de millones de colombianos y el sector turístico.
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La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) manifestó su oposición al aumento del precio del diésel anunciado por el Ministerio de Hacienda. El gremio calificó la decisión como improvisada y tomada sin consulta previa.
“Esta medida, improvisada y sin concertación, pone en riesgo la movilidad de millones de colombianos y amenaza gravemente al turismo, uno de los sectores clave para la economía nacional”, declaró ADITT.
El gremio alertó que el incremento del combustible provocará un aumento inmediato en los costos operativos del transporte intermunicipal. Esta situación se traducirá en tarifas más altas para los usuarios, menor conectividad y una disminución en la llegada de visitantes a diversos destinos del país.
ADITT subrayó que el impacto recaerá principalmente sobre campesinos, estudiantes, comunidades indígenas y habitantes de zonas apartadas que dependen del transporte por carretera. “El impacto afectará la movilidad de campesinos, estudiantes, comunidades indígenas y, en general, a la población de regiones apartadas que depende del transporte por carretera para su desarrollo”, advirtió la asociación.
La organización enfatizó que los vehículos del transporte intermunicipal cumplen una función esencial como servicio público regulado, continuo y necesario, especialmente en áreas sin otras alternativas de movilidad. “Nuestros vehículos no son particulares: son servicio público, regulado, continuo y esencial, que llega a zonas donde no existen otras alternativas de transporte. No pueden ser medidos con el mismo rasero fiscal”, señalaron.
Frente a esta situación, ADITT exigió al Gobierno nacional implementar una política diferenciada que asegure la viabilidad económica del sector. Además, solicitó la convocatoria urgente de una mesa técnica con la Presidencia de la República y los ministerios de Hacienda y Transporte para construir soluciones que eviten el colapso del sector y protejan el turismo, el empleo y la estabilidad económica de más de 35 mil familias que dependen de esta actividad.
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