El presidente argentino Javier Milei firmó un polémico decreto que amplía significativamente las facultades de la Policía Federal, permitiendo arrestos sin orden judicial por hasta diez horas, requisas en la vía pública y vigilancia digital sin intervención de un juez. La medida también autoriza a los agentes a esgrimir sus armas de forma visible para disuadir posibles amenazas y les permite actuar de manera autónoma para recabar pruebas, incluso accediendo a bases de datos públicas y privadas.
Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), advirtieron que el decreto representa un grave retroceso en materia de libertades democráticas y garantías judiciales. “Basta que armen un control rutinario de circulación para requisar a su gusto personas, pertenencias y vehículos”, denunció la ONG. Además, critican que la Policía ahora tenga capacidad para decidir qué hechos investigar sin una orden judicial previa, lo que consideran un riesgo para el Estado de derecho.
A la polémica se suma la decisión del gobierno de permitir a civiles la compra de armas semiautomáticas de uso militar, medida que revierte una restricción vigente desde 1995. El decreto autoriza la tenencia de fusiles, carabinas y subametralladoras a “legítimos usuarios” que justifiquen un uso deportivo. Expertos en seguridad calificaron la disposición como “temeraria” y alertan sobre su potencial impacto en la violencia armada. El abogado Julián Alfie señaló que la decisión obedece más a una postura ideológica que a un análisis de seguridad pública.
