La presencia de al menos nueve cabecillas de estructuras criminales en un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro en Medellín, ha generado un amplio rechazo público y político. Los reclusos, condenados por delitos graves como homicidio, extorsión y narcotráfico, fueron escoltados desde la cárcel de Itagüí hasta la tarima del evento realizado en La Alpujarra, lo que provocó la inmediata reacción del alcalde Federico Gutiérrez y diversos sectores.
Petro y sus declaraciones
En respuesta, el presidente intentó deslindarse de la controversia asegurando: “En Medellín, yo no subí delincuentes”, y señaló que los vínculos con estructuras criminales habrían sido más frecuentes en administraciones locales anteriores. Sin embargo, lejos de condenar la presencia de los reclusos en el acto oficial, Petro defendió su enfoque sobre la justicia y el sistema penitenciario, afirmando que “el que está preso no es un delincuente, sino una persona en rehabilitación”.
La declaración fue ampliamente criticada por minimizar la gravedad de los delitos cometidos por los asistentes al evento. Además, Petro propuso una medida inesperada: enviar a los internos reincidentes a buques de la Armada Nacional, conocidos como “Las Fragatas”, para aislar a quienes continúen delinquiendo desde prisión. “No van a usar la cárcel de capital”, expresó.
La propuesta ha sido catalogada por expertos como improvisada y sin sustento técnico. Mientras tanto, la controversia continúa creciendo en torno al papel del Gobierno Nacional en la visibilidad y tratamiento de estructuras criminales, justo en momentos en que se discuten posibles caminos hacia la paz total en el país.
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