Las autoridades judiciales confirmaron que un adolescente de 17 años fue judicializado como presunto responsable del homicidio de Juan Camilo Espinosa Vanegas, concejal del municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento de Antioquia. El crimen ocurrió el pasado 16 de junio y ha generado consternación entre los habitantes de la localidad.
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Adolescente de 17 años es judicializado por homicidio de concejal en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Las autoridades judiciales confirmaron que un adolescente de 17 años fue judicializado como presunto responsable del homicidio de Juan Camilo Espinosa Vanegas, concejal del municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento de Antioquia. El crimen ocurrió el pasado 16 de junio y ha generado consternación entre los habitantes de la localidad.
Según informó la Fiscalía, el menor aceptó los cargos imputados durante la audiencia preliminar y permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Las medidas impuestas corresponden a un régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes, dado que el acusado es menor de edad.
Juan Camilo Espinosa Vanegas se desempeñaba como concejal del municipio y era ampliamente reconocido por su trabajo comunitario y compromiso con la población más vulnerable. El funcionario público, además, presentaba una condición de movilidad reducida, lo que hacía aún más indefensa su situación ante un ataque violento. Espinosa Vanegas se movilizaba en silla de ruedas, y su labor política se caracterizaba por una constante lucha en favor de los derechos de las personas con discapacidad.
El homicidio ha sido calificado como un acto de extrema gravedad y ha despertado múltiples reacciones de rechazo tanto en la comunidad como entre líderes políticos regionales. Las autoridades continúan adelantando investigaciones para esclarecer los móviles detrás del crimen y determinar si hubo participación de otras personas.
Entre tanto, el menor implicado deberá responder ante la justicia por los delitos que se le imputan, mientras las autoridades garantizan que el proceso judicial se lleve a cabo con el rigor que exige la ley, especialmente en un caso que ha afectado profundamente a la comunidad de San Andrés de Cuerquia.
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