La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, rechazó de manera contundente los actos ocurridos este martes en la urbanización Arboleda, de Montería, donde varios residentes retuvieron de forma arbitraria dos vehículos de la compañía como forma de protesta para impedir la suspensión del servicio eléctrico.
Según informó la compañía en un comunicado oficial, la intervención realizada por su personal técnico se debió a la detección de una conexión ilegal, una situación que vulnera la normatividad vigente en Colombia y que representa un riesgo tanto para los habitantes del conjunto como para la operación del servicio en general.
La urbanización Arboleda, que funciona desde el año 2022 sin tener una conexión eléctrica legalizada, acumula una deuda superior a los 3.000 millones de pesos, de acuerdo con los datos entregados por Afinia. La empresa recordó que este tipo de prácticas, como la defraudación de fluidos, está tipificada como delito en el artículo 256 del Código Penal y genera graves afectaciones económicas y técnicas a la prestación del servicio.
Además, la compañía aseguró que ha intentado resolver la situación por la vía institucional, adelantando al menos tres reuniones con la comunidad, en las que han participado representantes de la Alcaldía de Montería, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Secretaría de Servicios Públicos. Sin embargo, hasta la fecha, no se han logrado compromisos concretos por parte de la constructora ni de los residentes para formalizar el suministro de energía.
Afinia reiteró su compromiso con la legalidad, la equidad en el acceso al servicio y la protección de su personal técnico, quien según la empresa cumplía con su labor en el marco de la ley. Asimismo, hizo un llamado urgente a la comunidad para resolver los conflictos a través del diálogo y no mediante vías de hecho que afectan tanto la operación de la empresa como el bienestar de otros usuarios en Montería.
La compañía insistió en su disposición para encontrar soluciones concertadas y sostenibles, siempre respetando los canales institucionales y el marco jurídico que regula la prestación del servicio público de energía en Colombia.
