El presidente Gustavo Petro interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el excanciller Álvaro Leyva, por los delitos de conspiración para delinquir, traición a la patria, calumnia, injuria, entre otros. La acción judicial fue radicada por el abogado Alejandro Carranza, con base en una serie de cartas y audios que comprometerían al exfuncionario en un presunto plan para desestabilizar al actual Gobierno.
La denuncia se sustenta en misivas firmadas por Leyva en las que acusa al mandatario de presuntas adicciones, así como en grabaciones reveladas por medios de comunicación, en las que se escucharían conversaciones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. En dichas conversaciones, Leyva habría buscado acercamientos con el entorno del senador Marco Rubio con el fin de restarle legitimidad a la administración de Petro, pese a haber formado parte de ella como canciller.
Este proceso judicial se suma a una indagación preliminar abierta hace dos meses por la propia Fiscalía, tras una conversación sostenida entre el presidente Petro y la fiscal general, Luz Adriana Camargo. En ese encuentro, el mandatario entregó información sobre un audio que alertaría de una supuesta conspiración.
Camargo se refirió recientemente a este hecho:
“Lo recibido por mí hace algo más de un mes, en compañía del director especializado contra la corrupción, es información derivada de un audio entre particulares, por presuntos actos conspirativos en contra del jefe de Estado, que involucrarían a un exfuncionario de su administración y es objeto de una investigación en etapa de reserva legal”.
Además, la Fiscalía confirmó que a dicha indagación se sumaron las solicitudes de la vicepresidenta Francia Márquez, así como publicaciones de prensa, en particular una investigación del diario El País, que en junio divulgó los polémicos audios.
En una carta oficial, la vicepresidenta solicitó el esclarecimiento urgente de los hechos:
“Considero de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad acerca de lo ocurrido. Por lo tanto, respetuosamente solicito que, sin demora, se adelanten las investigaciones judiciales a que haya lugar, en aras de aclarar lo sucedido y de esa manera contribuir a mantener un orden justo”.
El escándalo político crece mientras el país espera avances judiciales que permitan esclarecer si existió o no una estrategia coordinada para afectar la estabilidad del Gobierno nacional.
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