Una nueva controversia envuelve al Gobierno nacional tras conocerse la implementación de “Medios en Red”, un ambicioso programa de comunicación pública con el que se busca consolidar una red de medios digitales, comunitarios, alternativos e influenciadores a nivel nacional. La iniciativa tendrá una inversión superior a los 10.942 millones de pesos y se ejecutará hasta el 15 de diciembre de 2025.
Según reveló una investigación del medio Cambio, el proyecto contempla la creación de una escuela de creadores de contenido, capacitaciones técnicas, innovación en modelos de sostenibilidad y el desarrollo de una plataforma digital que será operada por el canal regional Telecafé, a través de un contrato firmado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fondo TIC) a finales de mayo.
El Gobierno ha defendido la estrategia argumentando que responde a una necesidad urgente: diversificar los canales de difusión institucional y fortalecer el ecosistema de medios en regiones que no son cubiertas por los grandes conglomerados de comunicación. Según el Ejecutivo, la mayoría de los colombianos consume información a través de medios no tradicionales, por lo que es clave “visibilizar los territorios” y brindar herramientas tecnológicas a quienes comunican desde las regiones.
“Medios en Red” también contempla la creación de un “marco ético” que busca apartarse de las llamadas “narrativas dominantes” de los medios masivos, lo cual ha generado cuestionamientos sobre una posible intención del Gobierno de promover discursos afines bajo la figura de democratización de la información.
El programa se enmarca dentro de la Ley de Tercios, que obliga a destinar el 33,3 % de la pauta oficial a medios alternativos, digitales e influenciadores. Desde la Casa de Nariño se ha presentado como una apuesta por la inclusión, el acceso al conocimiento y el fortalecimiento del periodismo comunitario. No obstante, opositores han señalado riesgos de clientelismo, manipulación del discurso público y uso político de los recursos de comunicación estatal.
Por ahora, el contrato con Telecafé avanza en su etapa inicial de ejecución, mientras el debate sobre la independencia informativa y el uso de los fondos públicos sigue abierto en el escenario nacional.
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