El hijo del presidente Gustavo Petro se trasladó a Bogotá después de que un juez ratificara su libertad y revocara la medida restrictiva
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Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, ya se encuentra en Bogotá luego de que un juez de Barranquilla ratificara su libertad y le permitiera salir de la ciudad. La decisión judicial revocó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que le prohibía abandonar el distrito barranquillero.
El pronunciamiento del togado se produjo durante una audiencia virtual, donde resolvió favorablemente la petición del abogado defensor. Alejandro Carranza, representante legal de Nicolás Petro, confirmó a RCN Radio que su cliente ya no se encuentra en Barranquilla y se trasladó a la capital del país.
El hijo del mandatario solicitó el beneficio de movilizarse libremente por el territorio nacional alegando razones de seguridad personal. Durante audiencias anteriores, Petro Burgos manifestó ser víctima de amenazas contra su vida y la de su familia, lo que respaldó su petición ante el despacho judicial.
La defensa argumentó que la restricción geográfica vulneraba los derechos fundamentales del procesado sin cumplir ningún propósito procesal efectivo. El juez acogió estos planteamientos y consideró que la medida se había vuelto innecesaria para garantizar el desarrollo del proceso penal.
El magistrado explicó que “la medida revocada se había convertido en una medida más que innecesaria, estéril e inane que no proporcionaba al fin constitucional perseguido ninguna protección”. Además, reconoció que la defensa logró demostrar posibles afectaciones a los derechos fundamentales del procesado.
La decisión de primera instancia fue confirmada tras desestimar la apelación presentada por la Fiscalía. El juez manifestó que la resolución inicial se ajustaba a derecho y respetaba las garantías constitucionales que protegen el ejercicio de las partes durante el desarrollo de la actividad judicial.
Nicolás Petro Burgos continúa siendo investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A pesar de obtener la libertad para movilizarse, el proceso judicial sigue su curso y se espera la programación de las audiencias correspondientes para definir su situación jurídica.
La investigación en su contra permanece activa mientras las autoridades judiciales continúan evaluando las pruebas y testimonios relacionados con los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.
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