Un informe reciente de la Contraloría General de la República reveló la crítica situación financiera de las EPS que actualmente están bajo control del Gobierno nacional. Según el estudio, entidades como la Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y otras intervenidas no cumplen con los indicadores mínimos de capital, patrimonio adecuado ni reservas técnicas, lo que pone en riesgo la atención de más de 30 millones de colombianos, equivalente al 56,65 % de la población afiliada al sistema de salud.
El informe advierte que las medidas de intervención forzosa aplicadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han mejorado la situación financiera de estas EPS y, por el contrario, su deterioro se ha profundizado. La Contraloría detalló que las EPS intervenidas concentran las mayores deudas con proveedores y hospitales, que suman cerca de 24,4 billones de pesos, y presentan los índices más altos de quejas por parte de los usuarios, especialmente por demoras en citas, autorizaciones y entrega de medicamentos.
La situación de la Nueva EPS es especialmente preocupante, no solo por ser la más grande del país con más de 11,5 millones de afiliados, sino porque, según el informe, la entidad no ha presentado estados financieros certificados para los últimos dos años y enfrenta un alto riesgo de insolvencia. El panorama actual deja en evidencia las dificultades del sistema y genera alertas sobre la sostenibilidad de las EPS bajo intervención, lo que podría afectar seriamente el acceso a servicios de salud para millones de ciudadanos.
