Organización criminal utilizaba empresas de importación de equipos tecnológicos para ocultar dinero ilícito
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La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares sobre 35 propiedades valoradas en aproximadamente 7.000 millones de pesos, vinculadas a una red criminal dedicada al lavado de activos mediante operaciones de comercio exterior. Los bienes comprenden inmuebles y vehículos ubicados en siete municipios de Antioquia, Bolívar y Caldas.
La investigación reveló que las empresas involucradas importaban equipos de cómputo y procesamiento de datos desde Estados Unidos y China, utilizando estructuras societarias aparentemente legales para encubrir el origen ilícito de los recursos. Las propiedades embargadas se encuentran en Medellín, Bello, El Retiro, San Jerónimo, Cartagena, Arjona y Aguadas.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) documentó múltiples irregularidades en el funcionamiento de estas compañías. Los análisis contables evidenciaron inconsistencias tributarias, incrementos patrimoniales injustificados y vínculos familiares entre los representantes legales de las diferentes empresas, aspectos que alertaron sobre el manejo irregular de los recursos.
Desde 2016, esta organización construyó una infraestructura económica compleja orientada a la defraudación tributaria y el blanqueo de capitales. Los estudios patrimoniales demostraron que ni las empresas ni sus directivos poseían la capacidad económica real para sustentar el volumen de dinero que manejaban en sus operaciones comerciales.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio busca desmantelar la estructura financiera de la organización e impedir que los activos continúen siendo utilizados en actividades delictivas. Las medidas cautelares evitarán que los bienes sean transferidos o comercializados durante el proceso judicial.
Seis presuntos integrantes de la red ya fueron judicializados por delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso penal.
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