La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, así como contra el jefe de Despacho presidencial, Alfredo Saade, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del proceso de contratación del servicio de pasaportes. Según el ente de control, Sarabia y Murillo no estructuraron de forma eficiente el proceso durante sus gestiones, mientras que Saade habría incurrido en extralimitación de funciones al intervenir directamente en decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin contar con autorización oficial.
El escándalo se desarrolla en medio de una creciente incertidumbre sobre el futuro del servicio, cuyo contrato actual con la empresa Thomas Greg & Sons vence el 1° de septiembre. Mientras Sarabia propuso una prórroga bajo la figura de urgencia manifiesta, Saade habría dado órdenes contrarias para ralentizar la asignación de citas, argumentando la necesidad de “hacer rendir” el inventario. A esto se suma la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional y el complejo proceso de negociación con la Casa de la Moneda de Portugal, entidad con la que se prevé una eventual transferencia del servicio al Estado colombiano.
Pese a reuniones de alto nivel, no hay acuerdo formal ni cronograma viable para asumir la operación en menos de dos meses. La Cancillería reconoció que se requerirían al menos 35 semanas para iniciar el nuevo modelo, lo que deja a Colombia al borde de una crisis en la expedición de pasaportes. La falta de definiciones concretas ha generado preocupación en la ciudadanía, reflejada en filas y demoras en la asignación de citas, mientras el gobierno contempla alternativas que van desde convenios interadministrativos hasta una nueva licitación pública en 2026.
