El proyecto de ley que establece controles más estrictos para encuestadoras llegó al escritorio del presidente Gustavo Petro tras ser conciliado en el Congreso
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Colombia está a un paso de contar con una normativa que transformará la manera como se elaboran, publican y divulgan las encuestas políticas en el país. El proyecto de ley que establece nuevas reglas para estas mediciones llegó el miércoles 9 de julio al escritorio del saliente presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, quien confirmó que firmará el texto este jueves 10 de julio antes de remitirlo para sanción presidencial.
La iniciativa, conciliada el pasado 20 de junio en el último día de la legislatura, introduce cambios sustanciales en el panorama electoral colombiano, especialmente relevantes a menos de un año de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Gustavo Petro.
Entre las principales modificaciones está la limitación temporal para publicar encuestas con intención de voto: solo podrán realizarse a partir de los tres meses anteriores al inicio del periodo de inscripciones de candidaturas. Una vez cierre ese plazo, deberán incluir a todos los candidatos inscritos.
La norma establece que únicamente las firmas registradas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) podrán divulgar encuestas. Este organismo conformará una Comisión Técnica de Vigilancia integrada por profesionales en estadística, encargados de auditar y monitorear las metodologías utilizadas por las empresas del sector.
Las encuestadoras deberán entregar al CNE elementos como cuestionarios diligenciados, grabaciones y ficheros de datos, además del código computacional utilizado para seleccionar las muestras. Esta información debe conservarse durante al menos dos años y estar disponible para auditoría.
El texto también obliga a publicar encuestas completas con ficha técnica detallada, microdatos y márgenes de error individuales, mientras prohíbe difundir sondeos que simulen intención de voto. Los medios tendrán máximo tres días para rectificar errores sustanciales una vez el CNE emita pronunciamiento.
La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 20 congresistas de diversas colectividades, incluyendo Centro Democrático, Partido Liberal, Alianza Verde, Cambio Radical y Partido Conservador. Según la senadora Angélica Lozano, una de las autoras, la norma busca que las encuestas “sean técnica e imparcialmente elaboradas” para garantizar resultados confiables.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, indicó que la entidad ya comenzó a evaluar los posibles impactos de este proyecto, enfatizando la importancia del acceso a la información en el proceso.
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