Testimonios de Benavides y Olmedo López estremecen al Congreso y salpican a exministros del Gobierno Petro

Las declaraciones bajo principios de oportunidad de María Alejandra Benavides, exasistente del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han abierto un nuevo capítulo en el que podría ser el mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro. …
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Las declaraciones bajo principios de oportunidad de María Alejandra Benavides, exasistente del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han abierto un nuevo capítulo en el que podría ser el mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Benavides
Foto: Cesar Flechas – Tomada de Semana

Ambos exfuncionarios han decidido colaborar con la Fiscalía General de la Nación y testificar ante la Corte Suprema de Justicia sobre una presunta red de corrupción que involucraría a más de 40 congresistas y altos exfuncionarios del Gobierno Nacional, entre ellos los exministros Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.

Según documentos en poder de la Fiscalía, revelados por la revista Semana, la red operaba mediante la asignación de millonarios contratos desde entidades como Invías y la UNGRD a cambio del apoyo político a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Los contratos habrían sido dirigidos a municipios estratégicos y adjudicados con base en cuotas burocráticas pactadas con congresistas.

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Ungrd
Imagen de referencia – Ungrd

Las revelaciones de Benavides

Benavides entregó una tabla con detalles precisos sobre los contratos, municipios beneficiados, valores y congresistas involucrados. La información habría sido suministrada por Juan José Oyuela, alto funcionario del Invías, y se utilizó para coordinar la ejecución de obras a cambio de favores legislativos.

En la Cámara de Representantes aparecen señalados al menos 19 congresistas, mientras que en el Senado figuran 8 nombres, entre ellos Efraín Cepeda, Juan Diego Echavarría, José Alfredo Gnecco y Karina Espinosa. Benavides también implicó a su exjefe, Ricardo Bonilla, acusándolo de haber liderado el entramado desde el Ministerio de Hacienda.

El principio de Olmedo López

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, ya firmó su acuerdo de colaboración. En su declaración de 108 páginas detalla cómo desde la Casa de Nariño se estructuró una operación para direccionar contratos a congresistas de las comisiones económicas y de crédito público, a cambio de su respaldo a iniciativas legislativas clave.

Olmedo López, exdirector UNGRD

Olmedo describe reuniones con el ministro Bonilla, en las que se acordó adjudicar contratos por más de 92.000 millones de pesos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). También implicó directamente al exministro Velasco en acuerdos con senadores de la Comisión Primera, incluyendo al senador Julio Elías Chagüi, quien habría recibido beneficios por contratos gestionados a través de la UNGRD.

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Las primeras consecuencias

Ya hay dos expresidentes del Congreso detenidos por este caso: Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), quienes habrían recibido pagos de hasta 4.000 millones de pesos para facilitar decisiones legislativas y nombramientos claves, como el del magistrado Vladimir Fernández en la Corte Constitucional.

investigación
Imagen – contra Iván Name y Andrés Calle

Las investigaciones continúan su curso, y en las próximas semanas se espera la imputación formal contra exministros y otros altos funcionarios del actual gobierno. La Fiscalía, con base en la información entregada por Benavides y López, avanza en una de las más amplias investigaciones por corrupción política en la historia reciente del país.

Una reparación que genera debate

Como parte de su colaboración, Olmedo López propone una reparación económica y simbólica que incluye la devolución de 724 millones de pesos y la implementación de talleres y capacitaciones a comunidades campesinas en La Guajira. La propuesta ha sido cuestionada por lo que algunos consideran una reparación insuficiente frente a la magnitud del daño al erario público.

A pesar de las críticas, el abogado del exfuncionario defiende el principio de oportunidad como “una herramienta clave contra la impunidad”.

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