El presidente Gustavo Petro denunció durante el Consejo de Ministros del 15 de julio que el subsidio a la gasolina viola la Constitución colombiana porque beneficia principalmente a personas con altos ingresos económicos, no a la población vulnerable como establece la Carta Magna.
Petro explicó que la Constitución prohíbe expresamente los subsidios dirigidos a sectores adinerados. “Los dueños de los consumidores de gasolina en su mayoría son ricos”, señaló el mandatario, quien aclaró que aunque las motocicletas pertenecen más a trabajadores, su consumo es menor comparado con los automóviles.
El presidente calificó como “acto criminal” la decisión de tres exministros de Hacienda de destinar 1.5 billones de pesos al subsidio de combustibles. Estos recursos salieron de los ingresos corrientes de la nación y pudieron utilizarse para reducir el déficit fiscal o financiar programas sociales del gobierno.
La cifra destinada al subsidio representa una cantidad considerable que el gobierno considera mal invertida. Petro argumentó que estos recursos debieron dirigirse hacia programas de cambio social y reducción de la desigualdad, objetivos centrales de su administración.
El mandatario también vinculó esta medida con la crisis del presupuesto 2026, que según reveló, reducirá la inversión en educación, salud y agua potable. La decisión de mantener el subsidio a los combustibles contribuyó a esta reducción en el gasto social.
El subsidio a los combustibles representa una carga fiscal considerable para el país. A través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el Estado cubre aproximadamente el 57% del costo de la gasolina, generando un déficit que alcanzó los 57,2 billones de pesos entre 2022 y 2023. Este mecanismo funciona como una transferencia regresiva donde el 70% de los beneficios los reciben los estratos socioeconómicos más altos.
