En un fallo sin precedentes en el ámbito de los derechos humanos en Colombia, un juzgado administrativo de Cali declaró al Estado responsable por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas del paro nacional en 2021. La sentencia reconoce la responsabilidad de la Nación, la Policía Nacional y la Alcaldía de Cali por las graves lesiones sufridas por Giovanny García Garrido, un joven manifestante que perdió la visión de su ojo izquierdo tras el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El juez determinó que el uso de la fuerza fue desproporcionado e injustificado, violando los principios que regulan la intervención de la fuerza pública en contextos de protesta social. El fallo no solo contempla el daño físico irreversible, sino también el impacto emocional y social que el hecho causó en la vida del joven y su entorno familiar. La decisión judicial destaca la necesidad de garantizar el derecho a la protesta pacífica y refuerza los límites legales que deben respetar las autoridades en su actuación.
El proceso contó con el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, como Nomadesc, que celebraron la sentencia como un avance en la búsqueda de justicia, verdad y reparación para las víctimas del estallido social. Esta condena sienta un precedente en la judicialización de los abusos cometidos durante las movilizaciones y plantea un llamado urgente al respeto por los derechos fundamentales en contextos de conflictividad social.
