Por Felipe Antonio Olaya Arias
Ser colombiano en el extranjero implica enfrentar múltiples desafíos, adaptarse a nuevas culturas, mantener vínculos familiares a la distancia y construir proyectos de vida en contextos muchas veces adversos. Pero hay un obstáculo que no debería existir y que, sin embargo, se ha vuelto recurrente, la imposibilidad de acceder oportunamente a un pasaporte.
Un documento que debería garantizar identidad y movilidad, hoy se ha convertido en símbolo de frustración y abandono institucional.
Desde hace semanas, los consulados colombianos en países como Estados Unidos, España e Italia enfrentan una situación crítica. Citas que desaparecen, renovaciones que tardan meses, filas interminables y caos administrativo muestran un panorama alarmante. A esto se suma una demanda que desborda la capacidad humana y material de las sedes consulares.
El origen de esta crisis no es fortuito. Desde 2024, tras la decisión de cambiar de proveedor para la producción de pasaportes, se anunció un nuevo contrato con el gobierno de Portugal. Su implementación, que ya se preveía compleja y prolongada, generó incertidumbre justo en momentos clave, cuando el nuevo sistema aún no estaba operativo.
Mientras tanto, más de cinco millones de colombianos en el exterior, según cifras de la Cancillería, podrían enfrentar obstáculos para viajar, renovar visas, acceder a empleos o continuar estudios. La promesa oficial de entrega en “hasta ocho días hábiles” se ha convertido en una ilusión.
En la práctica, los tiempos se extienden por semanas. El impacto humano Quienes hemos vivido en el exterior sabemos que el pasaporte no es solo un documento administrativo; es un elemento esencial de nuestra identidad. No tenerlo a tiempo impide realizar incluso, las actividades más básicas. Por eso, esta no es solo una crisis logística, es una crisis de
derechos. El pasaporte no es un lujo, es la herramienta que permite ejercer la ciudadanía global. Cuando el estado falla en garantizar su emisión oportuna, lo que se erosiona es la dignidad ciudadana. Se detienen proyectos, se pierden oportunidades, se rompen planes familiares. Y lo más grave, se deteriora la confianza en lo público.
Lo que está en juego es la capacidad del Estado colombiano para proteger a su diáspora, una comunidad que no solo aporta más de 10.000 millones de dólares anuales en remesas, según el Banco de la República en 2023, sino que también representa al país ante el mundo.
Garantizar el acceso a este documento vital exige más que soluciones técnicas; requiere una visión política y ética. El pasaporte no puede seguir siendo tratado como un simple trámite burocrático o un pulso entre intereses. Es la herramienta que permite estudiar, trabajar, reencontrarse con la familia o simplemente ejercer el derecho a circular libremente.
Si aspiramos a una Colombia que verdaderamente respalde a su gente en el exterior, debemos asegurar procesos eficientes, tecnología bien implementada y una diplomacia activa que no deje a nadie atrás. El pasaporte no debe ser la primera cadena que nos corte las alas. Al contrario, debe ser el puente que nos conecte con el mundo y con la promesa de un Estado presente, sin importar las fronteras.
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