Petro ordena a la Armada detener buques con carbón colombiano hacia Israel

El presidente intensifica medidas tras denuncia sobre salida del barco Fortune desde puerto de Ciénaga con 100.000 toneladas de mineral.
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El presidente Gustavo Petro anunció este jueves que la Armada Nacional recibirá orden escrita para detener embarcaciones con destino a Israel que transporten carbón colombiano, después de conocer la denuncia sobre la salida del buque Fortune desde Puerto Nuevo en Ciénaga, Magdalena.

“Volvieron a sacar un buque hoy lleno de carbón con destino a Israel. Un desafío a mi gobierno”, escribió Petro en sus redes sociales tras recibir el reporte del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien confirmó que trabajadores del sector carbonífero en Riohacha alertaron sobre el embarque que zarpó a las 7:47 de la mañana.

La embarcación transporta más de 100.000 toneladas de carbón térmico con destino al puerto de Hadera en territorio israelí, violando directamente el Decreto 1047 vigente desde agosto de 2024 que prohíbe estas exportaciones.

El mandatario convocó una reunión urgente con los sindicatos del carbón y solicitó un informe sobre el cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con la explotación carbonífera y los derechos de comunidades indígenas.

Petro también ordenó citar a las autoridades indígenas wayuu y otros pueblos afectados por la actividad minera, reconociendo el impacto directo de esta industria en sus territorios ancestrales.

Antecedentes del conflicto

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 y posteriormente prohibió las exportaciones de carbón, medida que el gobierno justifica como rechazo al conflicto en Gaza.

Sin embargo, investigaciones periodísticas revelan que al menos 30 buques con carbón colombiano llegaron a puertos israelíes desde la vigencia del decreto.

Las empresas Cerrejón y Drummond continúan exportando amparadas en excepciones del mismo decreto para contratos previos, generando tensiones entre el gobierno y el sector minero que considera la medida inconstitucional por vulnerar el tratado de libre comercio vigente desde 2020.

  


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