El expresidente de Saludcoop deberá cumplir prisión efectiva y pagar indemnización de 112.000 millones de pesos por utilizar dineros destinados a servicios médicos en inversiones privadas
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El expresidente de Saludcoop deberá cumplir una pena de prisión efectiva de nueve años y pagar una indemnización de 112.000 millones de pesos, por haber utilizado dineros destinados a servicios médicos en inversiones privadas.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, al rechazar el recurso de casación que buscaba anular la sentencia por el desvío de más de 112.000 millones de pesos en recursos públicos del sector salud, entre los años 2000 y 2004.
Los magistrados desestimaron los argumentos de la defensa entre ellos el del actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quienes alegaban que no existía una normativa que prohibiera el uso de los “excedentes” de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para realizar inversiones en infraestructura médica, como clínicas y hospitales.
La Corte determinó que Palacino manipuló los estados financieros para simular utilidades inexistentes y apropiarse de recursos parafiscales destinados exclusivamente a garantizar servicios de salud a los afiliados.
El alto tribunal destacó que el exdirectivo ignoró múltiples alertas de organismos de control y persistió en su “estrategia de enriquecimiento empresarial”, utilizando conceptos jurídicos pagados para justificar su proceder ilegal.
La condena también incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, así como el pago de una indemnización de 112.000 millones de pesos a favor del sistema de salud.
Esta decisión judicial es independiente del proceso que llevó al cierre definitivo de Saludcoop, en el cual Palacino recibió una condena adicional de 15 años de prisión.
La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el monto anual que el Gobierno colombiano paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada persona afiliada al sistema. Estos recursos garantizan que toda la población, sin importar su estado de salud o capacidad económica, tenga acceso a atención médica básica y esencial.
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