Confecámaras, la entidad que agrupa a las cámaras de comercio del país, enfrenta una tormenta de denuncias por presunta mala gestión de recursos y falta de transparencia en la administración de su presidente, Julián Domínguez Rivera, quien lleva más de 14 años al frente del gremio. Un correo enviado recientemente a los directores de estas entidades destapó una serie de irregularidades que han generado alarma nacional.

Confecámaras en el ojo del huracán

Según reveló SEMANA, Domínguez habría omitido la entrega de informes financieros solicitados por miembros de la junta directiva, generando un clima de desconfianza. Se cuestiona la falta de claridad sobre su salario, los gastos en restaurantes de lujo, tiquetes aéreos, hoteles y contrataciones a empresas para actividades ajenas al objeto social, como pagos de 24 millones por conceptos jurídicos y contratos de abogados externos por hasta 50 millones, pese a contar con un equipo legal propio.

Uno de los casos más polémicos es el del presidente de la Cámara de Comercio de Chinchiná, John Jairo Quintero, quien habría recibido apoyo para tiquetes por más de 111 millones de pesos en solo seis meses. Mientras tanto, otras cámaras aseguran que sus gastos en traslados a Bogotá no superan los 15 millones. A esto se suman más de 130 millones de pesos invertidos en restaurantes en apenas cuatro meses.

También se han realizado homenajes con fondos de Confecámaras, como el que se le hizo al magistrado Jorge Edison Portocarrero en Cali, cuyo evento costó cerca de 40 millones de pesos. Este tipo de gastos ha sido duramente cuestionado por representantes de cámaras de comercio en las regiones, quienes reclaman mayores recursos para apoyar a los empresarios locales.

Aunque Confecámaras insiste en que se trata de una entidad de derecho privado y con recursos propios, la Superintendencia de Sociedades y la Contraloría ya han comenzado a indagar sobre los gastos. A su vez, algunos miembros de la junta directiva señalan que las cifras no han sido debidamente explicadas, generando tensiones que podrían escalar en la reunión convocada para el lunes 28 de julio.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Fredy Restrepo, calificó las denuncias como “falsas” y “parte de una estrategia de difamación”. Sin embargo, crece la presión desde las cámaras más pequeñas para que se revele el manejo real de los dineros y se garantice mayor apoyo a las regiones, mientras crecen las dudas sobre el rol de la junta directiva, especialmente de los representantes de Bogotá y Medellín.

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