El expresidente deberá cumplir la detención en su finca mientras la defensa prepara la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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La jueza Sandra Liliana Heredia ordenó el traslado inmediato de Álvaro Uribe a su finca en Llanogrande, Rionegro, donde cumplirá prisión domiciliaria tras recibir una condena de 12 años por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión judicial rompe con los precedentes habituales que permiten a los condenados defenderse en libertad hasta que el fallo quede firme.
El expresidente comenzará su detención domiciliaria de manera inmediata, sin esperar el resultado de la apelación que su defensa anunció interponer ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esta medida excepcional generó controversia, ya que las altas cortes establecen que personas sin riesgo de fuga pueden permanecer libres durante el proceso de apelación.
Heredia justificó la detención inmediata argumentando la necesidad de “preservar la convivencia pacífica” y evitar que la sociedad perciba impunidad. La magistrada explicó que cuando se trata de una figura con reconocimiento público, permitir la libre locomoción tras una condena daría la idea errónea de que la igualdad ante la ley no existe en Colombia.
Durante su permanencia en Llanogrande, Uribe enfrentará estrictos controles. No podrá cambiar de residencia sin autorización judicial, deberá presentarse ante las autoridades cuando lo requieran y permitir el ingreso de servidores públicos encargados de verificar el cumplimiento de la orden.
La sentencia de 1.114 páginas también contempla una multa de 2.400 millones de pesos e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 100 meses y 20 días. El penalista Jaime Granados, defensor del expresidente, confirmó que estudian la apelación desde el lunes y destacó que Uribe mantiene la presunción de inocencia hasta que exista un fallo definitivo.
El caso, que inició en 2018, representa la primera condena contra un expresidente en la historia reciente del país y ahora dependerá de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá para determinar si se ratifica o modifica la sentencia de primera instancia.
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