La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia concluyó que existen elementos probatorios que permiten inferir que altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y su entonces viceministro Diego Guevara, habrían participado en un esquema de compra de votos a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023. La finalidad, según la Corte, era asegurar el apoyo parlamentario para la aprobación de cupos de endeudamiento claves para el Ejecutivo. Entre los congresistas implicados figuran Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.
La estrategia habría consistido en negociaciones informales, reuniones ocultas y promesas de gestionar proyectos regionales a través de la UNGRD, como moneda de cambio por votos favorables. Chats, reuniones a puerta cerrada y testimonios documentan cómo se dilataron deliberadamente decisiones en la Comisión, presionando al Gobierno para que cumpliera compromisos pactados. Incluso se habría convocado una reunión clasificada como “de emergencia” entre ministros, sin registro oficial ni presencia técnica, lo que refuerza la tesis de una operación clandestina.
La Corte subraya que este posible entramado recuerda escándalos pasados como la “Yidispolítica”, y sugiere que el manejo del endeudamiento público pudo haber estado supeditado a una negociación criminal. A pesar de la gravedad del caso, algunos nombres relevantes no enfrentan aún acciones penales. La decisión final sobre llamados a juicio recaerá en los magistrados, pero las implicaciones políticas y jurídicas ya sacuden al Gobierno y al Congreso.
