La histórica lucha de las mujeres campesinas por el acceso a la tierra empieza a rendir frutos en Córdoba. Más de 400 mujeres, en su mayoría víctimas del conflicto armado y madres cabeza de hogar, han recibido títulos de propiedad como parte de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El programa especial para el acceso de mujeres rurales a la tierra, creado mediante el Decreto 1396 de 2024, busca que ellas sean las principales beneficiarias de la política agraria. En Córdoba, esta estrategia ya permitió la entrega de predios emblemáticos, como las 115 hectáreas del predio Costa Azul —antes propiedad de Salvatore Mancuso— a 19 campesinas desplazadas por la violencia.
“Hoy no estamos haciendo una entrega cualquiera; estamos inaugurando la Ruta de Acceso Integral de Tierras para Mujeres Rurales de Colombia”, afirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman, durante un acto en Planeta Rica en el que se adjudicaron 1.162 hectáreas a asociaciones lideradas por mujeres.
Entre los avances, destacan la entrega de 1.500 hectáreas del predio Los Billetes, en Pueblo Nuevo, a la Asociación Rosmucpuenu, y 339 hectáreas a la Asociación de Mujeres Campesinas Agroindustriales de Ayapel. Allí se desarrollan proyectos productivos de cultivos y piscicultura que fortalecen la seguridad alimentaria local.
El impacto social de estas entregas se refleja no solo en el acceso a la tierra, sino en la autonomía económica y la recuperación del tejido social. “Gracias a la tierrita y a los proyectos productivos podemos salir adelante, sacar a nuestros hijos adelante y producir para nuestra comunidad”, expresó Denis Zarabia Reyes, beneficiaria en Planeta Rica.
La ANT también ha impulsado las primeras Asambleas Populares de Mujeres Rurales, Campesinas y de Pesca en Córdoba, donde cerca de 2.000 mujeres han planteado propuestas para superar las barreras históricas que limitaron su acceso a la tierra.
El objetivo, según Gustavo González Geraldino, líder regional de la ANT, es claro: que las mujeres campesinas alcancen al menos el 50 % de la propiedad rural en Colombia. “Este gobierno tiene un compromiso fundamental con la igualdad y la equidad en el campo”, subrayó.
Con estas acciones, el Estado busca saldar una deuda histórica y dar un paso decisivo hacia la transformación productiva y social del campo cordobés, permitiendo que, con voz firme, sus nuevas propietarias proclamen: “Esta tierra sí es mía”.
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