Gerencia informa 95% de acuerdo en pliego de solicitudes con firma programada para este viernes.
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La ESE Vidasinú rechazó las protestas sindicales desarrolladas este jueves, asegurando que no existe “fundamento lógico ni jurídico” para el mitin realizado por las organizaciones laborales, tras alcanzar un alto porcentaje de avance en las negociaciones del acuerdo colectivo 2025.
La gerencia, encabezada por la doctora Liliana Yunez Luquetta, informó que desde su posesión el 1 de abril de 2024 ha cumplido los compromisos del acuerdo colectivo de 2023, ejecutando los puntos de contenido económico pactados para 2024 y adelantando gestiones contractuales para 2025.
En el marco de las negociaciones con los sindicatos SINDETRASSCAMU y SINTRAEMPUP, con mediación de la Dirección Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo, se alcanzó un avance considerable en el pliego de solicitudes conjunto.
La revisión final de actas, recolección de firmas y estructuración del documento definitivo está programada para este viernes 15 de agosto.
La entidad hospitalaria defendió su proceso de negociación, asegurando que “los derechos laborales y garantías sindicales se han respetado plenamente durante las mesas de negociación, lo cual puede ser corroborado por los delegados del Ministerio de Trabajo”.
Sin embargo, precisó que el pliego sindical incluye pretensiones que “conforme al Decreto 243 de 2024, no son materia de negociación por tratarse de beneficios económicos extralegales y solicitudes de recursos para actividades sindicales o pago de asesores jurídicos particulares”.
La gerencia enfatizó que tales solicitudes “no están permitidas por la ley y podrían implicar responsabilidades de tipo penal o disciplinario”, reafirmando que todo acuerdo será ajustado al marco normativo vigente.
Vidasinú recordó que el procedimiento legal contempla mediación ad honorem en caso de acuerdos parciales, “y no la realización de plantones que afecten la normal prestación de los servicios de salud”.
Finalmente, la gerencia advirtió que pondrá en conocimiento del Ministerio Público las actuaciones que vulneren la garantía en la prestación de servicios de salud.
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