Francisco y Jaime Angulo Osorio confesaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber financiado las masacres perpetradas por grupos paramilitares en los corregimientos de La Granja (1996) y El Aro (1997), en el municipio de Ituango, Antioquia.
Durante sus declaraciones ante la justicia transicional, los hermanos Angulo revelaron detalles que comprometerían a altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (1995-1997), en presuntos vínculos con estructuras paramilitares que operaban en la región.
Según los testimonios, los empresarios aportaron recursos económicos y logísticos que habrían sido utilizados para facilitar la incursión armada de los grupos ilegales, cuyas acciones dejaron decenas de víctimas civiles y generaron desplazamientos forzados masivos en la zona.
Estas declaraciones hacen parte del proceso de sometimiento voluntario que los hermanos Angulo adelantan ante la JEP, en busca de beneficios jurídicos a cambio de contribuir con la verdad plena, detallada y contrastada sobre los hechos de violencia que marcaron la historia del conflicto armado colombiano.
La JEP ahora deberá verificar la veracidad de los testimonios, cruzar información con otros procesos en curso y determinar las posibles responsabilidades de terceros civiles y funcionarios públicos en los crímenes investigados.
Las masacres de La Granja y El Aro han sido objeto de múltiples investigaciones judiciales y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, que han señalado la presunta complicidad entre fuerzas estatales y grupos paramilitares en la comisión de crímenes de lesa humanidad en la región del norte de Antioquia.
Hasta el momento, ni Álvaro Uribe ni otros exfuncionarios mencionados en los testimonios se han pronunciado públicamente sobre estas nuevas revelaciones.
