El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) elevó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se otorguen medidas cautelares en favor de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien el pasado 1 de agosto condenó a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal.
Según la agremiación judicial, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ha sido objeto de presiones, campañas de estigmatización y amenazas de muerte tras la histórica sentencia contra el exmandatario. Por ello, piden que se proteja no solo su vida e integridad, sino también sus derechos a la libertad personal, la intimidad, el buen nombre, el acceso a la justicia, la familia y el libre ejercicio de su profesión.
En el documento radicado el 15 de agosto, Fasol advirtió que las decisiones judiciales deben ser respetadas y cuestionadas únicamente a través de los recursos previstos por la ley. “Ello implica el cese de los ataques mediáticos y en redes sociales que amenazan la independencia judicial y ponen en riesgo la seguridad de la doctora Heredia”, señala la solicitud.
El pronunciamiento también cuestiona las declaraciones altisonantes del propio expresidente Uribe, de sus familiares, de dirigentes políticos afines e incluso de un representante de un gobierno extranjero, quienes han señalado a la jueza como una “radical”, lo que, según Fasol, ha incrementado el nivel de riesgo en su contra.
El presidente de Fasol, Antonio Suárez Niño, pidió al Gobierno Nacional implementar medidas urgentes y eficaces para salvaguardar a la jueza Heredia y a su familia, y a la Fiscalía General de la Nación investigar con prioridad las denuncias que ella presentó por hostigamientos y amenazas. “Esto no da espera”, enfatizó.
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