Ministerios consideran que Carlos Ramón González no cumple requisitos legales para recibir protección internacional debido a presuntos delitos comunes.
Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia de Colombia expresaron su desacuerdo con la decisión de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien enfrenta cargos por corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ambas carteras emitieron un comunicado conjunto donde reconocen la figura del asilo para personas con justificación válida según instrumentos internacionales.
Sin embargo, aclararon que este derecho no aplica cuando existen motivos fundados sobre la comisión de delitos comunes o acciones judiciales en curso por dichos delitos.
El gobierno colombiano argumenta que González no cumple los requisitos necesarios para recibir protección internacional, considerando que enfrenta acusaciones por presuntos delitos comunes en territorio nacional.
Los ministerios sostienen que la decisión nicaragüense desconoce el Tratado de Extradición vigente entre ambos países desde 1929, que establece la entrega mutua de personas procesadas o condenadas.
Las autoridades colombianas pidieron a Nicaragua revisar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y reconsiderar su decisión para revocar la protección internacional concedida. El objetivo es que González pueda entregarse a la justicia colombiana, que garantizará todas las garantías procesales correspondientes.
González, de 66 años, tiene orden de captura vigente desde el 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos destinados a pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo. La Fiscalía lo imputó por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos.
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