La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra Almacenes Flamingo, tras detectar presuntas irregularidades en su servicio de ventas con financiación, que podrían haber afectado los derechos de los consumidores en Colombia.
La medida fue anunciada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, luego de analizar varios requerimientos de información enviados previamente a la compañía.
El caso tomó fuerza apenas dos días después de que el diario La República publicara una investigación que reveló múltiples procesos judiciales contra Flamingo, incluyendo embargos en curso en la Rama Judicial y un proceso de insolvencia que se tramita en la Superintendencia de Sociedades desde octubre de 2024.
Según ese informe, la empresa se encuentra bajo vigilancia por parte de las autoridades debido a pérdidas operacionales consecutivas, reducción en ventas y un deterioro patrimonial que la expone a un alto riesgo de insolvencia.
De fase preliminar a investigación formal
Hasta el martes 19 de agosto, la SIC había informado que existían “tres preliminares” sobre Flamingo. En esta etapa, se estaban evaluando posibles irregularidades mediante requerimientos de información para determinar si se daba paso a una investigación formal.
Sin embargo, la entidad encontró mérito suficiente para avanzar en el proceso sancionatorio. Entre los hallazgos se identificaron posibles cobros de intereses por encima del límite legal y deficiencias en la entrega de información contractual a los clientes.
“Después de revisar las operaciones de financiación adelantadas por Almacenes Flamingo en noviembre de 2022 y enero de 2024, la Dirección de Investigaciones identificó que las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana”, señaló la SIC.
Además, el ente de control indicó que al analizar contratos firmados entre enero y noviembre de 2024, se evidenció que no se incluía información esencial para que los consumidores pudieran tomar decisiones informadas.
“La Dirección de Investigaciones encontró que en los contratos no se habría incluido información necesaria para la toma de decisiones de los consumidores como las tasas de interés, y la tasa máxima legal vigente al momento de firmar”.
Posibles sanciones
De comprobarse las infracciones, Flamingo podría enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes, el cierre temporal de sus establecimientos hasta por 180 días o incluso la prohibición definitiva de ofrecer determinados productos al público.
“La Dirección de Investigaciones adelantará el procedimiento administrativo sancionatorio, en los términos de la Ley 1437 de 2011, lo que implica surtir los descargos, un periodo probatorio, alegatos y una decisión, que en caso de ser sancionatoria puede ser una multa o las previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. Cabe resaltar que contra esa decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación”, explicó la SIC.
Por último, la Superintendencia aclaró que ni la superintendente ni la delegada de la Dirección de Investigaciones podrán pronunciarse sobre el caso a título personal, ya que esto podría generar recusaciones en el proceso.
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